COMPETICION O COOPERACIÓN UNIVERSITARIA : Algunas bases para su discusión

Nassir Sapag Chain

Un comentario frecuente de algunos profesores y directivos de diferentes universidades estatales se refiere a la necesidad de, desincentivar la participación de sus académicos en actividades docentes en las universidades privadas, que numerosamente han surgido en muchos países latinoamericanos donde la oferta de educación superior se ha abierto a la iniciativa de los particulares, en el cada vez más legitimado juego del libre mercado.  El principal argumento que se da al respecto es la mayor aparente competitividad que, se dice, debería presentar en un futuro muy próximo, por esta razón, el sector universitario en general.

Dicha opinión no deja de ser válida para las universidades tradicionales privadas.  Sin embargo, la posición que adopten las universidades estatales debiera responder a un análisis más profundo, tanto por la complejidad del problema como por las implicancias que ella podría tener sobre la propia universidad, así como sobre el resto del sistema de educación superior de su país.

El primer factor que debe incorporarse en el análisis es si una universidad que dependa del Estado debe competir con el resto del sistema universitario o si su carácter de institución pública la debe hacer velar por intereses nacionales superiores a los suyos propios.  La responsabilidad social que les compete y la misión que ellas mismas por lo general se han definido en pro de lograr el desarrollo del país hace pensar que, más que competir, deberían cooperar ya sea con el fortalecimiento de aquellas entidades privadas que contribuyan a ese objetivo nacional como con la eliminación de aquellas que, por anteponer objetivos de rentabilidad económica por sobre los académicos, pudieran atentar contra él.

Una consideración en favor del argumento de optar por la competitividad, al más puro estilo empresarial moderno, es la exigencia, que se observa en muchos países, de un autofinanciamiento cada vez mayor para las universidades estatales, que obligaría a buscar formas de fortalecerse internamente y, por qué no decirlo, a debilitar a las entidades competidoras sí así se puede mejorar la posibilidad de obtener mayores beneficios y de recaudar mayores recursos.  Si este fuese el argumento, podría fácilmente interpretarse como un reconocimiento de debilidad y de falta de confianza en sus propias capacidades para mantener la posición relativa de liderazgo que hoy pudieran tener.  Ninguna universidad debiera pretender ser considerada la mejor por lo deficientes que pudieran ser otras, sino que lograr ser calificadas así por sus propios méritos.

Un segundo factor dice relación con la interacción entre centros universitarios. Cuando hoy muchas universidades estatales latinoamericanas buscan establecer convenios de cooperación con otras universidades más avanzadas del mundo desarrollado (en la mayoría  de los casos para beneficiarse de su prestigio, capacidades y experiencias) y cuando cada día más se señala que en el futuro deberá tenderse hacia una creciente interacción con otros centros académicos antes que al aislamiento, parecería inconsecuente argumentar que lo anteriores válido hacerlo sólo con instituciones mejores que la propia. ¿Qué pasaría si aquellas actuaran con las nuestras con el mismo criterio? ¿Dónde queda el espíritu universitario y cómo se podría cumplir así con la tarea auto impuesta de extender efectivamente el conocimiento?

También a este respecto sería muy presuntuoso esperar que las nuevas universidades privadas logren equiparar a las tradicionales sólo con el concurso a tiempo parcial de sus profesores.  Probablemente, con o sin esa colaboración, y si verdaderamente buscan la excelencia académica, llegarán, más tarde o más temprano, al mismo destino.

El  problema parece estar más asociado a la dedicación de los académicos de las instituciones estatales a otras tareas que pudieran atentar contra la cantidad y calidad de su producción académica interna que a lo que hagan o no en otras universidades.  Si esto fuese así, como personalmente lo estimo, la medida de limitar el trabajo docente externo es la peor de todas las decisiones, puesto que, en vez de crear sistemas formales de incentivos y de sanciones para que los académicos cumplan con metas predefinidas, se recurre a la fácil opción de limitar el trabajo de las personas y, con ello, el fortalecimiento del sector educacional, base sustantiva del desarrollo nacional.

En lugar de prohibir que se hagan actividades externas, debiera sancionarse a quienes no cumplen con lo que se espera sea su producción académica interna, tanto en aportes reales (docencia, labores, administrativas, comisiones académicas o publicaciones, por ejemplo) como por el espíritu universitario que exhiban (disposición a asumir responsabilidades de interés institucional, presencia física en su lugar de trabajo, atención de alumnos, formación de académicos jóvenes o generaciones de nuevas ideas de interés para la Universidad).  Si no se hace así, algunos de quienes deban dejar la docencia externa probablemente se sumarán a otros académicos que hacen la actividad justa y necesaria para cumplir con los estándares de producción vigentes y no tener problemas en los procesos de calificación internos, pero mantienen un alto número de consultorías privadas y de capacitación.  Obviamente, ésta es una forma de competencia peor que la participación en labores docente de otras universidades.

Algunos emplean el argumento simplista de que el problema se solucionaría con mejores sueldos.  No creo que esto sea así, puesto que ya algunas universidades privadas ofrecen honorarios que difícilmente se podrán igualar internamente.  Hoy existe en muchas universidades estatales la posibilidad de mejorar las rentas si se trae o si se participa en proyectos de interés académico que generen ingresos para la institución.  ¿Qué podría originar que a futuro se traigan los proyectos, que hoy no se buscan, para financiar esa mayor renta?

Un último factor que se debe considerar es la posibilidad de que el efecto de una decisión que restrinja la participación en instituciones privadas sea negativo  hacia la propia universidad estatal.  Es decir, que los académicos que hoy son invitados a dictar docencia externa prefieran renunciar a parte de ( o toda) su jornada de trabajo en instituciones, para aceptar las crecientes invitaciones a participar con mayor dedicación y remuneración en el sector educacional privado.  Este, para consolidar una imagen institucional  académica en la comunidad nacional, necesitaría un pequeño grupo de investigadores, altamente productivos, para mostrar resultados diferentes de los sólo docentes.  Considerando el claro respaldo económico de quienes las crearon, es fácil pensar que cualquier facultad de una universidad privada podría atraer a un grupo reducido pero selecto de académicos que tengan la capacidad de publicar sobre temas trascendentes, de opinar en los medios de comunicación masiva sobre materias de coyuntura o de presentar proyectos de investigación académica a los fondos de financiamiento existentes.  Obviamente, no todavía en aquellas áreas de especialización científica o médica que requieren un proceso de maduración y desarrollo tecnológico más lento, pero sí en aquellas carreras que ya han creado y en las que no es difícil transformarse, con medidas como la anterior, en entidades capaces de ganarse un espacio en los medios de influencia nacional.

Si la universidad estatal opta por la cooperación podrá, legítimamente, cobrar institucionalmente a las universidades privadas por la prestación del servicio docente, lo que permitirá evitar otorgar el eventual subsidio que, se argumenta, estaría haciendo en favor de estas últimas, a la vez que administrar la participación de sus académicos en aquellas tareas docentes externas que sus directivos estimen prudentes de realizar.